El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) expresó su “respaldo institucional” a la Dra. Marta Elba Pascual, ante la denuncia y las críticas recibidas por la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora luego de la resolución que dictó el pasado 7 de septiembre, en la que dispuso suspender preventivamente −por el término de 60 días− la aplicación de la Ley 27.801 en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
En su declaración, que lleva las firmas del coordinador César Raúl Jiménez y del secretario Maximiliano Benítez, COPAJU Argentina señaló que “numerosas instituciones, académicos y especialistas se han expedido desde la sanción de la Ley 27.801, formulando cuestionamientos al régimen penal instaurado por la mencionada norma”.
También indicó que “se advirtió oportunamente que dicha norma era regresiva, que no respetaba la Observación N° 24 del Comité de los Derechos del Niño, que exhorta a los Estados con edades de punibilidad de 15 o 16 años a no modificarlas ni aumentar el número de delitos comprendidos”, y que tampoco “se ajustaba al artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, que recepciona los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. En especial, el pronunciamiento se refirió a los principios consagrados en la Convención de los Derechos del Niños, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad (Reglas de la Habana) y las Reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de justicia de menores.
En ese sentido, COPAJU Argentina concluyó que “la resolución de la Dra. Pascual no hace más que cumplir con el deber inexcusable de realizar el control de constitucionalidad”. Y que, “por lo tanto, si existen discrepancias con la misma, estas deben ser canalizadas por las vías recursivas pertinentes y no por un ataque personal a la magistrada”.
A la vez, los doctores Jiménez y Benítez recordaron que ya en otras oportunidades el Capítulo Argentina del Comité expresó que “las juezas y los jueces no deben ser cuestionados por el contenido de sus sentencias”.
