El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) expresó a través de una declaración “su más enérgico rechazo a la campaña de descalificación y presión lanzada por el Gobierno nacional contra el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11″.
Las magistradas y magistrados de COPAJU Argentina, que reiteraron su apoyo a la comunidad universitaria, en vísperas de la Quinta Marcha Universitaria Federal, señalaron que, “el 14 de octubre, luego de que el magistrado aplicara multas diarias al jefe de Gabinete de Ministros ante el incumplimiento verificado de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795, de Financiamiento Universitario, la Casa Rosada difundió un comunicado que, en lugar de discutir argumentos jurídicos, apunta contra la persona del juez y le atribuye ‘pasado y amigos en La Cámpora’”.
Ante este hecho, sostuvieron: “No se tolera este nuevo intento de disciplinar a los magistrados que cumplen con la ley”, y pasaron a dar cuenta de los hechos que son verificables y de públicos conocimiento:
- La Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025, vetada por el Decreto 647/2025 e insistida por los dos tercios de ambas cámaras: es una ley nacional doblemente confirmada por la representación popular.
- El Poder Ejecutivo la promulgó por el Decreto 759/2025, pero suspendió su ejecución, convirtiendo la promulgación en un veto que la Constitución no prevé.
- La medida cautelar dictada en diciembre de 2025 fue confirmada por la Cámara de Apelaciones. En junio de 2026, la Corte Suprema rechazó las recusaciones con que el Estado pretendió apartar al juez y, el 25 de junio, desestimó su recurso extraordinario, dejando firme la cautelar.
- Intimado a fines de septiembre a cumplir en cinco días, el Ejecutivo no acreditó el cumplimiento.
Por eso, con la firma de su coordinador, el juez (R) César Raúl Jiménez, el Capítulo afirmó que “quien viola la ley, entonces, es el Poder Ejecutivo, que ignora una ley vigente y todo el iter judicial que la respalda”, aclarando que “las astreintes no son una agresión política: son la herramienta que el ordenamiento prevé para que las sentencias no sean letra muerta”, y que así como “apelar es un derecho; estigmatizar al juez por sus supuestas afinidades es un mecanismo de intimidación incompatible con el Estado de Derecho”.
En este punto, el Comité recordó que, en junio de 2016, en un discurso ante juezas y jueces reunidos en el Vaticano, “el Papa Francisco advirtió que los jueces que se oponen a ciertos intereses enfrentan ‘en soledad las murallas de la difamación y del oprobio’, y que sin libertad judicial ‘el Poder Judicial de una Nación se corrompe’”.
Por todo ello, además de manifestar “su plena solidaridad con el juez Martín Cormick” el Capítulo Argentina de COPAJU exigió al Poder Ejecutivo Nacional “el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795 y de las resoluciones judiciales firmes” y convocó “a la comunidad jurídica, a los colegios profesionales y a las asociaciones de magistrados a defender la independencia judicial frente a toda forma de presión”.
