Convocados por el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), magistradas, magistrados, legisladoras, legisladores y especialistas se reunieron el viernes 23 de octubre en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones para participar del encuentro “Fake News: Desinformación, derechos y responsabilidades”.
El objetivo fue plantear, desde la perspectiva del Poder Judicial, una mirada integral sobre una problemática tan central y urgente como el uso de las falsas noticias y su impacto sobre las personas, las instituciones y la calidad democrática.
Organizado junto al parlamento provincial y con el acompañamiento del Ministerio de Derechos Humanos del gobierno misionero, la apertura del evento estuvo a cargo de César Raúl Jiménez, coordinador de COPAJU Argentina, quien destacó la relevancia del encuentro y señaló el efecto distorsivo que las fake news pueden tener sobre la percepción de realidad, afectando tanto a los poderes del Estado como a la ciudadanía en su conjunto y a cada persona en su ámbito privado.
El presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Macías, se refirió a la necesidad de seguir generando espacios donde analizar de forma conjunta una problemática que impacta de forma transversal en la sociedad. En ese sentido, valoró el trabajo de la Legislatura local en materia de innovación, tecnología e inteligencia artificial (IA).
En el marco de esta actividad, el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), rama académica de COPAJU, suscribió con la Cámara de Representantes de Misiones un convenio marco destinado a generar actividades y espacios de formación de manera articulada.
Desinformación y crisis civilizatoria
En su intervención, el presidente de COPAJU y juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Roberto Andrés Gallardo, recordó la invitación constante del Papa Francisco a tener una reflexión estratégica, desde la cual el Sumo Pontífice pensaba a la época con el enfoque de “una verdadera crisis civilizatoria en la que está inserta la humanidad en su conjunto”.
En ese escenario, el Dr. Gallardo sostuvo que las noticias falsas no son un fenómeno aislado, sino que son parte de transformaciones económicas, tecnológicas y políticas que alteran la forma en que las sociedades producen conocimiento, organizan sus relaciones y ejercen el poder.
Advirtió que la expansión de las plataformas digitales va de la mano con la concentración económica y la creciente capacidad de las corporaciones tecnológicas para intervenir en la circulación de información, abriendo interrogantes, entre otros muchos planos, acerca de la soberanía digital de los Estados.
El presidente de COPAJU enumeró “tres grandes monstruos” que ponen en jaque a la humanidad: la economía, le tecnología y la guerra en sus nuevas configuraciones. El juez describió que las llamadas guerras de cuarta generación, aquellas que no emplean intervenciones militares sino estrategias que alteran las condiciones internas de una sociedad, con el lawfare como ejemplo más claro, son ahora sucedidas por guerras de quinta generación que hacen foco en el conocimiento.
“Son guerras cognitivas −señaló Gallardo−, que alteran las condiciones de conocimiento de las poblaciones, ya que debilitar la capacidad de comprensión de las poblaciones sobre lo que está sucediendo en sus territorios permite incidir con más facilidad en sus conductas”.
La tarea del IFBC
Lucas Ciarniello Ibáñez, director ejecutivo del IFBC, fue el encargado de presentar la propuesta de este espacio académico, de formación y difusión creado por Francisco en 2023. También recordó como el Papa advirtió sobre las noticias falsas en varias de sus intervenciones, incluidas las referidas al lawfare y al cambio climático, dos de los temas que más lo preocupaban, sobre los que supo alertar oportunamente y que guían la tarea del Instituto.
En ese sentido, Ciarniello Ibáñez remarcó que en el origen mismo de COPAJU y del IFBC está la necesidad, planteada por Francisco, de trabajar para “recuperar al rol de la justicia como instrumento de protección y garantía del ejercicio efectivo de los derechos sociales, con especial atención a ese sector que él llamaba los descartados de la sociedad”.
Un desafío para el Poder Judicial
Genoveva Ferrero, vocal titular de la Asociación Civil del IFBC y secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de CABA, explicó que Francisco, al referirse a las nuevas tecnologías y a la IA, había señalado que “corresponde a cada uno hacer un buen uso de estas herramientas y que corresponde a la política crear las condiciones para que ese buen uso sea posible y fructífero”.
En su exposición, Ferrero presentó casos judiciales relacionados con la utilización de imágenes, voces y perfiles falsificados, pero también mencionó criterios para un empleo adecuado de la IA dentro de las instituciones judiciales
Citó el caso del Poder Judicial de CABA, donde se impulsaron pautas propias para orientar el uso de estas herramientas, ante la ausencia de una regulación nacional integral que abarque, siempre con la responsabilidad indelegable de evaluar las pruebas, interpretar los hechos y resolver los casos en manos de las personas que ejercen esas funciones.
Juan Pablo Espeche, fiscal de instrucción especializado en Ciberdelitos del Poder Judicial de Misiones, dio cuenta del trabajo que encabeza desde su unidad, donde también trabaja en prevención, capacitación y cooperación.
Describió casos de estafas digitales y otras conductas que pueden comenzar con la difusión de información falsa y derivar en amenazas, extorsiones u otros delitos, incluido el uso de imágenes manipuladas, videos hiperrealistas y voces clonadas mediante la IA, con el complejo desafío de establecer su veracidad.
El fiscal destacó que, si bien no existe en el Código Penal argentino un delito autónomo que abarque, de manera general, toda publicación de una noticia falsa, esto no significa que las conductas vinculadas a la desinformación queden fuera de la ley. La evaluación, afirmó, depende del contenido, el daño ocasionado y la posible configuración de otras figuras penales.
