COPAJU pide respetar la división de poderes y rechaza la denuncia contra el juez Gallardo
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- 10 abr
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Actualizado: hace 2 días
Integrantes de la Junta Directiva del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) manifestaron ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su “preocupación” en relación a la denuncia presentada por la ministra de Seguridad de la Argentina, Patricia Bullrich, en contra del presidente de COPAJU, el juez Roberto Andrés Gallardo. “Busca debilitar la legitimidad de las decisiones judiciales cuando afrontan a los intereses de los gobernantes, y, en este sentido, desvirtúa la división entre los poderes del Estado, tal como está previsto en la Constitución Federal”, advirtieron.
La nota lleva las firmas de la jueza brasileña y vicepresidenta de COPAJU, Ana Inés Algorta Latorre; del asesor tutelar argentino y secretario general del Comité, Gustavo Daniel Moreno; del vocal Daniel Urrutia Labreaux, juez de Chile; y la vocal María Julia Figueredo Vivas, jueza de Colombia. Comienza por señalar que “la denuncia se debe al hecho de que, por medio de medida cautelar, el juez Dr. Gallardo determinó que las fuerzas federales se abstengan de intervenir en la protesta de los jubilados y pensionistas” del 9 de abril pasado en las inmediaciones del Congreso Nacional argentino, “dejando a cargo de la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires la planificación y prestación de seguridad para el mencionado acto”.
Para las autoridades de COPAJU, “no quedan dudas de que el acto por el cual se pretende imputar al Dr. Gallardo es de carácter jurisdiccional y de que la denunciante es autoridad afectada a cumplir tal decisión”.
Recordaron que “el Poder Judicial es, entre los Poderes del Estado, aquel a quien cabe resguardar en última instancia el régimen democrático. Al denunciar a un juez que legítimamente, en el ejercicio de su labor jurisdiccional, profiere una determinación así dirigida, la autoridad gubernamental del Poder Ejecutivo Nacional atenta contra el mismo régimen democrático. Y más en este caso, en el cual se busca regularizar la prestación del Estado en materia de seguridad pública, minimizando los riesgos de actos violentos contra la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta”.
Enfatizaron, a la vez, que “la manera de controvertir las decisiones judiciales no es denunciando al juez, sino utilizando los recursos e instrumentos de contradicción conforme al debido proceso”.
Por estas razones, las y los firmantes solicitaron al Consejo de la Magistratura porteño “el inmediato rechazo de la denuncia presentada”.
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