El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) expresó, a través de una declaración, su respaldo a la Dra. Laura De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes los ataques públicos recibidos luego de la resolución que dictara en la causa “M.I.A. y otros sobre 164 – Robo y otros”.
COPAJU Argentina, que en su pronunciamiento también adhirió al emitido por la AJUNAF, precisó que, “en ejercicio del control difuso de constitucionalidad y convencionalidad que la Constitución confía a toda jueza y juez, la magistrada declaró inconstitucional −para ese caso concreto y respecto de un adolescente de 14 años− la aplicación de la baja de la edad de punibilidad introducida por el art. 1 de la Ley 27.801, por resultar regresiva frente al sistema de protección integral (arts. 75, incs. 19 y 23, CN; art. 10 CCABA; arts. 3 y 40.4 CDN)”. En ese sentido, el Comité remarcó que la Dra. De Marinis “no declaró la invalidez general de la norma. Tampoco dejó el hecho sin respuesta: dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”.
El Capítulo recordó que “los derechos de la infancia, como los derechos sociales, no admiten retroceso” y citó lo establecido en 2019 por la Observación General N°24 del Comité de los Derechos del Niño, la cual “exhorta a los Estados cuya edad mínima de punibilidad es de 15 o 16 años a no reducirla”. Por eso, afirmó que “controlar que una ley respete ese piso no es un capricho: es el deber que la Constitución impone”, y se preguntó: “¿Desde cuándo cumplirlo se volvió sospechoso?”.
En su declaración, las magistradas y magistrados citaron las palabras del Papa Francisco al clausurar la Cumbre Panamericana de Jueces que dio origen al Comité, el 4 de junio de 2019, en la Ciudad del Vaticano, cuando el sumo pontífice recordó que “la misión judicial exige que los derechos de las personas, especialmente de los más vulnerables, sean respetados y garantizados”, cuando también expresó su preocupación por “las presiones que sufren quienes los defienden”. Y ya en 2014, ante la Asociación Internacional de Derecho Penal, Francisco “había advertido sobre la incitación a la venganza y el populismo penal promovidos desde sectores de la política y de los medios”.
De esta manera, para COPAJU Argentina, “calificar como ‘manchada de sangre’ una sentencia fundada en el interés superior del niño, o reclamar el juicio político de una jueza por el contenido de su fallo, no es crítica: es presión indebida sobre el Poder Judicial”. Sobre ese punto, como ya lo había hecho semanas ante lo ocurrido con la jueza bonaerense Marta Pascual, volvió a señalar que “las sentencias se revisan por las vías recursivas, como ya anunció el Ministerio Público Fiscal, y no en la tribuna mediática”.
El pronunciamiento, que lleva las firmas de César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo, y de su secretario, Maximiliano Benítez, concluye afirmando que “un adolescente de 14 años en situación de vulnerabilidad no es un enemigo a neutralizar. Es un sujeto de derechos. Una jueza que lo afirma no merece escarnio: merece respeto institucional”.
